Los Pueblos Indígenas de Guatemala y el legado de un ex-presidente preso

Por Irma Alicia Velásquez Nimatuj,

publicado originalmente en alianmisar.org con el título de El legado del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías a los Pueblos Indígenas de Guatemala

Este es un análisis general, enfocado en cómo las políticas del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías afectaron a los Pueblos Indígenas de Guatemala. Tomando en cuenta que se refiere a poco más del 60 por ciento de la población total, es por ende, un análisis de país. La necesidad de esta reflexión radica en la situación de incertidumbre política, en el fracaso del sistema democrático, la inoperancia de los partidos políticos reflejado en el accionar corrupto y delincuencial de la dirigencia del Partido Patriota.

Para trazar la nueva senda de país, tenemos que ser conscientes del pasado. En ese marco, los últimos tres años y medio de este gobierno requieren de una seria reflexión desde los pueblos, para entender los errores que, luego de superada esta crisis, se traten de evitar.

1. Funcionarios indígenas sin responder a sus mandatos
Cuando agonizaba el 2011 fue electo Presidente de Guatemala el general Otto Fernando Pérez Molina (1950) y como Vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías (1962), postulados por el Partido Patriota, quienes tomaron posesión el 14 de enero de 2012. El gobierno se caracterizó porque, nuevamente, al asumir el poder, redujo la participación de los pueblos indígenas al Ministerio de Cultura y Deportes, asignándosela a Carlos Batzín, un activista kaqchikel que renunció en septiembre de 2014 y quien fue interpelado por más de un año en el Congreso de la República, sin que recibiera el respaldo del Presidente, más bien fue utilizado como chivo expiatorio.

El Ejecutivo también nombró a cuatro viceministros indígenas, dos en el Ministerio de Cultura, una en el Ministerio de Gobernación –que fue cesada diez meses después de tomar posesión– y uno en el Ministerio de Educación. Y en diciembre de 2014 nombró a una mujer k’iche’ como Viceministra de Relaciones Exteriores. Contrario a lo que parece, la participación de las mujeres indígenas en este gobierno se redujo cuando se comparan los datos con los primeros cien días del gobierno anterior, en el 2008, cuando, entonces, se nombró a 21 mujeres indígenas en cargos de Ministerios, Viceministerios, Secretarías o Gobernaciones Departamentales, mientras que durante los primeros cien días de este gobierno, el número de mujeres indígenas en cargos similares fue de 12, reduciéndose la presencia en un 43 por ciento.

En lo que se refiere a las instituciones indígenas, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, Codisra, y la Defensoría de la Mujer Indígena, Demi, en los primeros años se mantuvieron sumergidas en crisis por luchas internas y externas, lo que facilitó la intervención del Ejecutivo en el nombramiento de las y los representantes. Tanto los funcionarios indígenas del Ejecutivo como de las instituciones indígenas, se caracterizaron porque se dedicaron a obedecer órdenes o a ponerse de alfombra, especialmente frente a Baldetti, y no respondieron al mandato institucional que debían cumplir y menos a las necesidades orgánicas de los pueblos indígenas de donde provienen.

Lo que sí creó Pérez-Baldetti, mediante el Acuerdo Gubernativo 117-2014, fue la burla denominada: Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, que nunca cumplió con su mandato que era deliberar y consultar a las comunidades indígenas, quedando en una simple inauguración folclórica.

2. El retroceso de los Derechos de los pueblos indígenas
Durante el gobierno del Patriota el ejercicio de los Derechos Humanos y el respeto a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas se paralizaron –por no decir que retrocedieron–. Una de las primeras acciones de Pérez-Baldetti fue la pretensión de una reforma constitucional que incluía la reducción de los derechos indígenas a tres artículos. Esto intentó ser una imposición neocolonial que estrechaba derechos reconocidos. Las reformas en materia indígena deben, como mínimo, superar o equipararse a lo logrado en los marcos internacionales sobre pueblos indígenas.

El gobierno de Pérez y Baldetti a través del acuerdo Gubernativo 370-2012 –que posteriormente derogó– buscó impedir la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la época álgida del conflicto armado, cuando el Estado cometió genocidio en contra del pueblo maya. Además, con absoluta arrogancia ignoraron la legislación internacional y nacional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, en cambio, impulsaron el discurso de la guatemalidad, mientras acusaron a lideresas y líderes indígenas –que no se alinearon a ellos– de ser comunistas, terroristas o delincuentes que impulsaban la fragmentación territorial y la balcanización de Guatemala –el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla usaba frecuentemente en sus declaraciones estas categorías para acusar a quienes protestaban–.

Igualmente, Pérez-Baldetti impunemente solaparon y permitieron el impulso de campañas mediáticas amenazantes en contra de defensores de Derechos Humanos, lideresas y líderes indígenas y comunitarios. Y lograron criminalizar las demandas indígenas con el apoyo de un amplio sector de la prensa nacional escrita, radial y televisada, así como de columnistas a sus servicios, quienes con pluma rentada se dedicaron a publicar sendos reportajes, noticias o columnas que ahora son evidencia histórica.

3. Masacres y ejecuciones extrajudiciales
En el primer año de gobierno, el 4 de octubre de 2012, cometieron uno de los hechos deleznables, la masacre de ocho hombres k’iche’ de Totonicapán y más de 30 heridos, en la Ruta Interamericana, kilómetro 171, en la Cumbre de Alaska, cuando cientos de k’iche’ de los 48 cantones de Totonicapán protestaban, primero, por el alto precio de la tarifa de energía eléctrica, segundo, por la cancelación de la carrera de magisterio y tercero, por las reformas constitucionales que anularían el poder de las autoridades comunitarias. Previo a manifestarse solicitaron audiencia a Pérez Molina pero nunca obtuvieron respuesta.

Hasta el día de hoy, los deudos aún esperan el resarcimiento pero el gobierno no ha cumplido. Entonces, ninguna cabeza rodó por esta masacre, todo se justificó y el Presidente dijo: “siento muchísimo lo ocurrido y garantizo que no volverá a pasar”. Este es un ejemplo de la deplorable política ciudadana y de la represión que Pérez impulsó en contra de los indígenas que levantaron su voz.

Frente a la conflictividad agraria Pérez y Baldetti tomaron partido por el capital nacional y extranjero y accionaron en contra de los campesinos. Uno de los casos paradigmáticos ocurrió el 14 y 15 de agosto de 2014, cuando fueron destacados alrededor de mil policías entre civiles, antimotines y soldados, en más de cien vehículos, para desalojar a solo 15 familias de la comunidad 9 de Febrero en Alta Verapaz.

El resultado fueron violaciones y destrucción en tres comunidades: Monte Olivo, 9 de Febrero y Semococh, en esta última fueron ejecutados Sebastián Rax Caal, Luciano Can Cujub y Oscar Chen Quej quienes estaban desarmados. Asimismo, detuvieron a 22 hombres, capturaron a cuatro mujeres, un anciano, un menor de edad y quedaron decenas de heridos por los efectos de las bombas lacrimógenas.

En la región del Polochic, durante este gobierno, se recrudeció el asedio y los ataques a las poblaciones, sin que existiera el mínimo interés en comprender y menos en solucionar alguno de los históricos despojos que enfrenta el pueblo q’eqchi’. Por el contrario, el gobierno en la región alentó los enfrentamientos, secuestros, detenciones y ejecuciones ilegales entre policías, Ejército y pobladores con cauda de muertos y heridos. Y mantuvo una permanente llama de confrontación que no se apaga.

4. Funesto manejo de la conflictividad social
De las acciones de este gobierno sobresale el funesto manejo de la conflictividad social en territorios indígenas. Se mantuvo el otorgamiento, sin consulta previa libre e informada de licencias de exploración y explotación minera –plomo, cobre, antimonio, zinc, plata, oro, cadmio, hematita, magnetita, ilmenita, cromita, titanio, volframita, tungsteno, galena, calcopirita, cobalto, níquel entre otros metales–.

Defendieron con violencia la construcción de hidroeléctricas, geotérmica, extracción petrolera, paso de energía de alta tensión y las concesiones de otros recursos del suelo y subsuelo a empresas nacionales y transnacionales sin escuchar a los habitantes.

Cabe mencionar la inconformidad que no cesa en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, en donde continuó contaminando, a pesar de las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, una de las minas de oro más grandes de Guatemala, que por Ley deja un mezquino 0.5 por ciento de regalías a cada una de las dos municipalidades, mientras la minera incrementó sus ingresos en un 40 por ciento, con un total de US$3.8 mil millones en un solo año, ante el alza de la onza de oro en el mercado internacional que superó los US$1,400.

Igualmente, el ambiente, se mantuvo tenso en Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango, pasando por San José del Golfo, San Pedro Ayampuc y San Juan Sacatepéquez departamento de Guatemala y llegando a El Estor, Izabal. En este marco de conflictividad, lo positivo ha sido el renacimiento identitario del Pueblo Xinca alrededor de la defensa de sus territorios en Santa María Xalapán, Mataquescuintla, San Rafael Las Flores y otras comunidades.

Por la complicidad del gobierno con las empresas extractivas, Guatemala superó los mil conflictos, mientras las comunidades sobrepasaron la realización de más de 70 consultas comunitarias de buena fe, cuyos resultados no fueron respetados, como lo garantiza el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Pueblos Indígenas de la ONU.

También generó conflicto y malestar en las comunidades la militarización de las carreteras, municipios y colonias urbanas pobres y marginales. Sobre todo, exasperó a los habitantes los Estados de Sitio en Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango y San Rafael Las Flores, Jalapa, y el Estado de Excepción en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, como una forma de controlar a las y los dirigentes y a las protestas.

5. Legitimación de la criminalización de la defensa de los derechos indígenas
Pérez y Baldetti tienen el crédito de haber legitimado la criminalización de la defensa de los derechos indígenas. Durante este gobierno aumentó la represión, amenazas, detención de líderes, emisión de órdenes de captura. Por ejemplo, la lideresa k’iche’, Lolita Chávez, integrante del Consejo de Pueblos del K’iche’, sumó más de 20 demandas en su contra y en enero de 2015, sin aviso, el gobierno le retiró parcialmente las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Uno de los casos recientes, es el del líder q’anjob’al, Rigoberto Juárez, quien fue capturado por oponerse a las 41 licencias mineras autorizadas en su territorio y sobre quien pesan más de diez delitos. Todas las acciones legales en contra de Rigoberto Juárez fueron accionadas por representantes, trabajadores o personas afines a las empresas instaladas en esa región q’anjob’al con el apoyo de un sistema de justicia al servicio de las empresas transnacionales.

Precisamente, el Grupo Garante G4 –integrado por la Iglesia católica, Alianza Evangélica, Procuraduría de los Derechos Humanos y la Universidad de San Carlos de Guatemala– en su informe de noviembre 2014, reconoce que parte de las tensiones nacionales, se concentraron en áreas indígenas, a causa de la reticencia del aparato estatal en su conjunto a reconocer y adecuarse a la realidad multiétnica, pluricultural y plurilingüe de la sociedad guatemalteca.

Esto a causa de la indiferencia ante sus formas de organización y prácticas ancestrales, y la negativa a admitir su derecho a ser consultados sobre las modalidades de las actividades económicas, sobre el uso de los recursos naturales y el destino de los territorios que habitan. Por el contrario, las estrategias de abordaje a la conflictividad, no se basaron en aprendizajes de los errores cometidos en 2012, en la masacre de Alaska. La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos humanos de Guatemala, Udefegua, reportó un aumento en el número de represiones a manifestaciones, de 657 registradas en 2013 a 791 en 2014. La mayoría, fueron manifestaciones de comunidades indígenas.

6. Mediatización con prebendas a organizaciones y liderazgos
Pérez y Baldetti se caracterizaron porque pactaron y compraron el apoyo de una coordinadora y algunas comunidades indígenas, a cambio de la reducción individual de la deuda agraria, asignación de fertilizantes, construcción de algunas aulas, unas cuantas viviendas, transferencias monetarias o humillantes bolsas con alimentos. Con estas prebendas obtuvieron sendos comunicados de respaldo y servilismo dignos de colección. Frenaron la articulación y fragmentaron las demandas indígenas.

O sea, lo que sí lograron Pérez-Baldetti fue mediatizar a los pueblos dándoles a unos pocos profesionales indígenas y a otros activistas puestos en donde tienen poco por hacer, mientras lograron que los representantes indígenas a nivel nacional no pudieran articularse, negociar o conjugar de manera incluyente las complejas demandas rurales, urbanas y nacionales en defensa de tierras y territorios, y el derecho a una vida comunitaria digna.

El gobierno operó premiando a unos y castigando a otros, por ejemplo, se opuso a lo largo de su mandato a la reparación de los derechos vulnerados de la población Achí que enfrentó exterminio durante el proceso de construcción de la hidroeléctrica Chixoy en Baja Verapaz, en las décadas de 1970 y 1980, argumentando que el gobierno carecía de fondos. Y solo aceptó sentarse con representantes de la Coordinadora de las Comunidades Afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy, Cocahich, luego que el Senado de los Estados Unidos condicionara la ayuda militar y económica al gobierno de Guatemala en enero de 2015.

Además, hay que señalar que Pérez-Baldetti y la bancada oficial en el Congreso de la República engañaron a los sectores campesinos porque nunca apoyaron la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral 40-84, a pesar de que públicamente se comprometieron con las comunidades pero les mintieron a las y los campesinos –a quienes permanentemente acusaron de pertenecer a organizaciones indígenas extremistas– mientras siguieron las órdenes del CACIF. Esto a pesar, de que se trata de una ley que apenas impulsaría la modernización del campo. El Congreso no volvió a discutirla y la engavetó.

7. Mantenimiento de los peores indicadores
La vida de la población indígena de acuerdo al G4 (noviembre 2014) mantuvo los peores indicadores socioeconómicos. Sobre estos puntos la Universidad Rafael Landívar, URL, publicó que la cobertura en educación primaria disminuyó drásticamente en 2014, pasando del 98.5 por ciento en 2011 al 85 por ciento en 2013, como consecuencia de la terminación de la gratuidad de la educación.

Con este retroceso Guatemala no cumplirá con el Objetivo del Milenio de 2015 de lograr el cien por ciento de cobertura en educación primaria. Mientras que la Educación Bilingüe Intercultural, EBI, no fue una prioridad sino fue colocada en un rincón del Ministerio de Educación. Esto solo profundiza la brecha en materia educativa entre área urbana y rural, en términos de cobertura y calidad.

En lo que respecta al derecho a la salud, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN, hasta el 20 de octubre de 2014, registró 12 mil 577 casos por desnutrición aguda en menores de cinco años de edad a nivel nacional y el deceso de al menos 103 por desnutrición crónica –55 niñas y 48 niños–. De acuerdo a cifras de la SESAN, el gobierno asignó el mismo presupuesto de 2013 en 2014, Q500 millones destinados a las acciones del programa la Ventana de los Mil Días, implementado en 166 de los 213 municipios priorizados por el Plan del Pacto Hambre Cero.

Según la URL, el procedimiento utilizado en 2013, para determinar la causa de la muerte de un menor era responsabilidad del médico que atendía y lo enviaba al Renap. Sin embargo, el proceso cambió y el trámite se complicó, el análisis del médico que diagnostica una muerte por desnutrición ahora pasa a una Mesa Técnica local, luego a la Mesa Técnica para el Análisis de la Mortalidad por Desnutrición Aguda del Ministerio de Salud, MSPAS, y termina con un comité integrado por el MSPAS y la SESAN. De acuerdo a información del Diario La Hora (Octubre 30.2014) Guatemala, con un Producto Interno Bruto de más de US$2 mil 800, apenas invierte el cuatro por ciento en programas de infancia.

Mientras la Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, Nutrición y Educación, Alianmisar, planteó que hasta la semana 21 del 2014 se registraron 89 casos de embarazos de niñas menores de 14 años en el departamento de Guatemala, 47 casos en Escuintla, Alta Verapaz registró 34, mientras que Huehuetenango y San Marcos registraron 39 casos cada uno.

Sin embargo, las acciones de Pérez-Baldetti para implementar estrategias preventivas, de asesoría y asistencia técnica para atender los casos de embarazos en niñas fueron débiles y en algunas regiones nulas.
A lo anterior hay que agregar que del total del presupuesto del Ministerio de Salud y Asistencia Social, el 95 por ciento se destinó a gastos de funcionamiento y solamente el cinco por ciento a inversión. Con una baja inversión en salud no es extraño que los municipios más pobres del país, que son mayoritariamente indígenas, vivan en pobreza, enfermedad y sin acceso al conocimiento.

Epílogo
En materia de pueblos indígenas el gobierno de Pérez-Baldetti fue de fracaso en fracaso,
evidenciando el racismo de sus asesores y la poca o nula influencia de los indígenas que llegaron al gobierno. La vida de los pueblos maya, xinca y garífuna pobres, rurales o urbanos, especialmente de sectores vulnerables como las y los ancianos, mujeres embarazadas o en etapa de lactancia y de las y los niños de 0 a 10 años puede resumirse de calamitosa, desatendida, brutalmente reprimida y despreciada.

Esta desestimación fue ejercida con conocimiento de causa porque desde que tomaron posesión el Presidente y la Vicepresidenta tenían identificadas las temáticas y las líneas que debían priorizarse en las regiones indígenas. Mientras en el Polochic los q’eqchi’ eran reprimidos a tiros y el único centro de salud del asentamiento Pacux, de Rabinal, Baja Verapaz, que atiende a los sobrevivientes Achí de las masacres de Río Negro, era cerrado por falta de presupuesto e insumos, Pérez, Baldetti y su gabinete se enriquecían ilícitamente.

La comunidad internacional que ha acompañado a Guatemala sabe que el problema fundamental es el modelo de país existente, que fue construido bajo un imaginario blanco, que colocó a los pueblos y a las mujeres indígenas en el último escalón de la pirámide social y que permitió bajo marcos legales convertir a los pueblos indígenas en mano de obra obligatoria legalmente hasta 1945 pero en las Verapaces y otras regiones esa esclavitud se sostuvo hasta 1985, esto permitió la concentración de la riqueza en pocas manos, la cual se mantiene hasta el presente. Si bien la tierra ha sido lentamente distribuida, no han sido las mejores extensiones las que han llegado a manos de comunidades indígenas y campesinas. Por el contrario, han accedido a las peores tierras.

Hoy el 45 por ciento de la riqueza de Guatemala se concentra en el diez por ciento de la población total del país, esto coloca a Guatemala como uno de los países más inequitativos y corruptos del mundo. En este escenario no es extraño que los pueblos y las mujeres indígenas enfrenten múltiples exclusiones. A pesar de racismo estructural en que se vive los indígenas organizados han demandado y propuesto de múltiples formas una participación política en condiciones de igualdad, han pedido limpiar el Congreso y llevar a la hoguera al sistema de justicia, porque juntos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial nos han condenado a vivir como miserables en nuestra propia tierra.

Esta es la oportunidad para cortarle, definitivamente, las cabezas a las bestias y no permitir que vuelvan a revivir. Por eso ¡el Presidente debe renunciar! y todas y todos los corruptos tienen que enfrentar la ley y devolver lo robado a Guatemala.

Es el momento para que las nuevas promociones del Ejército –que también son parte del pueblo– se reivindiquen, que los pueblos indígenas dejen detrás las divisiones, que la izquierda suelte los protagonismos, que el puñado de millonarios conscientes permitan nacer el nuevo proyecto y que la comunidad internacional apoye la pacífica refundación de un Estado Nación plural, en donde por primera vez en la historia de Guatemala participen las y los mejores representantes orgánicos de las 25 comunidades lingüísticas en el diseño de la nueva institucionalidad.

¡Urge diseñar una nueva Constitución Política a la medida de nuestra nación, tejida por todas y todos, y no por un mesías ni sus lacayos!

Ya no podemos seguir postergando la fuerza de la historia, ya no podemos seguir sosteniendo a un Estado causante de tanta opresión, miseria, privilegios y corrupción.

¡Basta ya de seguir permitiendo el enriquecimiento ilícito a costa de la vida y el hambre de los de abajo!