Conflictos sociales por megaproyectos, ¿cómo evitarlos?

por Andrea Cerami (CEMDA), publicado en El Universal

En diversas zonas del país, actualmente están ocurriendo serios conflictos socio ambientales, resultado de un modelo de desarrollo que ha privilegiado la sobreexplotación y el consumo desmedido de los recursos naturales, la deforestación, la desertificación de suelos, la contaminación de agua y aire, así como las violaciones a los derechos humanos de las comunidades que habitan en dichos territorios.

Los megaproyectos o «grandes proyectos de desarrollo»¹ que se desarrollan en México son implementados en gran parte por empresas e industrias, tanto nacionales como extranjeras, promovidos por el Estado mismo, sobre todo en áreas rurales donde viven comunidades indígenas o campesinas, produciendo diversas violaciones a sus derechos humanos. El ejemplo más reciente es la aprobación de la reforma energética² en la cual no se vinculan «los objetivos del sector energético con los ambientales y sociales»³ y se promueve la extracción de gas natural a través del fracking⁴, técnica con enormes riesgos para los derechos humanos, el agua, la salud, el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de México⁵.

Algunos ejemplos:

1. En México, el 70% del territorio nacional tiene potencial minero, el 35% del territorio nacional ha sido concesionado entre los años 2000 y 2010 por un total de más de 29,000 concesiones mineras otorgadas⁶, sin que se haya informado la población propietaria del suelo donde se ubica la concesión minera. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) ha registrado por lo menos 19 conflictos mineros en la República Mexicana.

2. A pesar de los beneficios en términos de mitigación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero que trae consigo la energía renovable, existen casos de instalación de parques eólicos en los cuales no se ha garantizado de forma adecuada el derecho a la información, consulta y participación de los pueblos afectados. Se puede citar el caso del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, donde existen 28 parques eólicos, cuya presencia ha causado protestas de los pueblos indígenas Huave y Zapotecos y quienes han denunciado ataques, amenazas⁷ y hostigamientos contra los defensores ambientales⁸.

3. El agua en México es un bien escaso: el 95% de los cuerpos de agua tienen algún grado de contaminación, el 29% presenta altos niveles de contaminación por sustancias químicas, residuos de medicamentos y narcóticos⁹. En este contexto, el Estado mexicano está aprobando varios proyectos hidráulicos sin la información y consulta de las comunidades afectadas y cuestionadas por su utilidad, sostenibilidad y motivación económica¹⁰.

4. Las costas del Caribe mexicano¹¹ y del Mar de Cortés¹² están constantemente amenazadas por proyectos turísticos, algunos con graves impactos al entorno social y ambiental.

5. Aunque no existe certeza científica acerca de los efectos de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en el medio ambiente, la salud humana¹³ y la cultura¹⁴, sí existe evidencia del riesgo que cultivos nativos se contaminen con cultivos transgénicos en el país¹⁵. A pesar de ello, desde 2005, empresas como Monsanto, Dow, Syngenta, Bayer, entre otras, han sido autorizadas por el Estado mexicano para liberar maíz y soya genéticamente modificada en etapas experimentales y piloto, así como soya en etapa comercial en diversos estados de México¹⁶.

Los conflictos socio ambientales afectan también las inversiones de empresas interesadas en desarrollar proyectos en México. El Relator de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas ha declarado que «los conflictos sociales relativos a las actividades empresariales en territorios indígenas terminan afectando negativamente a los intereses económicos y a la imagen de las propias empresas, así como al interés de los gobiernos concernidos«¹⁷.

Es por eso que actualmente se impulsa la creación de un acuerdo regional sobre acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental, proceso histórico para América Latina puesto que busca construir elementos comunes de gobernanza ambiental bajo el enfoque de derechos humanos, que pueda responder a los enormes retos en la región sobre acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental, sobre todo en el contexto de megaproyectos.

México debería tener un papel protagónico, moderno y avanzado en estas negociaciones internacionales. Sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado claramente en aspectos fundamentales tales como si está de acuerdo con que el acuerdo sea vinculante; no ha enviado sus primeros aportes al texto de negociación en tiempo y forma, a pesar de haberse comprometido a ello en la primera sesión del Comité de Negociación; y tampoco ha publicado los resultados de la consulta a la sociedad civil que realizó el año pasado. Finalmente, a la solicitud de información hecha por una ciudadana al respecto, la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) decidió reservar la información por seis años y la autoridad ambiental por cuatro.

Sorprende y decepciona que en un proceso de negociación internacional sobre acceso a la información ambiental, proceso público, donde la sociedad civil participa directamente en las reuniones del Comité de negociación, el Estado mexicano decida reservar la información pertinente hasta 5 años después de la conclusión de las negociaciones, las cuales deberían terminar en diciembre de 2016.

Esperamos que la próxima sesión del Comité de Negociación del Principio 10, a realizarse el 9 de agosto en República Dominicana¹⁸, México esté a la altura del reto que tiene enfrente dados los conflictos que se reproducen día a día en gran parte del territorio.

Notas: