¿Quién defiende a las personas defensoras?
Una defensora o defensor de los Derechos Humanos es, según la definición ofrecida por la Organización de las Naciones Unidas a través de su Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, una persona que «individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger los derechos humanos». Esto engloba a todas y todos aquellos que hacen, de un modo u otro, activismo por la denuncia de las problemáticas y violaciones de los derechos humanos así como acciones de promoción, disfrute y garantía de los mismos.
Es necesario destacar que generalmente no existe una autodenominación por parte de estas personas como defensoras o defensores de derechos humanos, sino que es un término creado desde la Organización de las Naciones Unidas y adoptado por las organizaciones sociales para hacer referencia a quienes de forma individual o colectiva realizan acciones de promoción y defensa de derechos. La labor de las personas a las que nos referimos cómo defensoras de los derechos humanos está reconocida desde 1998 en la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de 1998. En ella se recoge el derecho de todos los seres humanos a «defender y participar en actividades pacífícas contra las violaciones de derechos humanos». Sin embargo, este reconocimiento no se traduce en una garantía de la seguridad y continúa siendo un colectivo muy expuesto a la violencia.
La defensa de los derecho humanos cobra una relevancia especial en los contextos indígenas pues, además de la lucha por el disfrute de los derechos universales, esta se entrelaza con la defensa de los derechos colectivos propios de los pueblos indígenas, como son el derecho de las comunidades a la libre determinación, a tener su autonomía, la protección de su cultura y formas de vida o todos aquellos referentes a la defensa y protección del territorio.
Defender el territorio y el medio ambiente es defender los derechos humanos
Hablar de defensoras y defensores de derechos humanos en contextos indígenas, es hablar de una lucha por la protección de la tierra, el territorio y los recursos naturales, especialmente en el contexto actual, en el cual empresas y estados compiten por el acaparamiento de tierras para la obtención de rendimientos económicos.
Las personas defensoras arriesgan sus vidas enfrentando prácticas que, lamentablemente, se han vuelto muy habituales, como son la explotación de los bienes naturales, el desplazamiento de comunidades, o la privatización y control de bienes comunes y de gestión comunitaria. Defender el territorio y el medioambiente es, en estos contextos, parte de la defensa de los derechos humanos. Cuando las comunidades defienden su territorio, están defendiendo también los derechos colectivos que tienen como pueblos indígenas, como son el derecho de propiedad, de consulta, a gozar de un medioambiente sano etc.
Contexto de inseguridad
La comunidad y el marco jurídico internacional reconoce como legítima la defensa de los Derechos Humanos, sin embargo, en muchos territorios las personas defensoras viven en situaciones de riesgo como consecuencia de su trabajo.
La mejora de la seguridad y la reducción de la violencia es una de las grandes tareas pendientes en México. Pese a su planteamiento como prioritario dentro de las políticas de la 4T de Andrés Manuel López Obrador, a cinco años de su llegada a la presidencia, los datos muestran un panorama muy desolador. Según datos de EDUCA (Servicos para Una Educación Alternativa A.C.), que lleva a cabo la tarea de sistematizar la denuncias públicas por agresiones a personas defensoras, desde diciembre de 2018 se han registraron en el país más 200 ataques entre las que hay desapariciones forzadas, homicidios y ejecuciones extrajudiciales.
El Estado de Oaxaca, seguido por los de Guerrero y Michoacán, se posiciona como el más mortífero para las personas defensoras, pues en estos cinco años se han podido registrar 41 asesinatos. Sin embargo, es necesario destacar que hay muchas otras agresiones que, sin tener resultado de muerte, son sufridas por las defensoras y defensores como consecuencia de su labor, como las amenazas, los hostigamientos, las agresiones físicas etc.
La criminalización es el tipo de agresión más denunciada, según los datos recopilados por EDUCA, y los principales agresores resultan ser las autoridades y gobiernos municipales (22%) y estatales (44%) Esto aparece reflejado también en el informe «México: tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medioambiente» elaborado por Amnistía Internacional y que publicó en septiembre de 2023, en el que se señala reiterados usos indebidos del sistema de justicia en contra de las personas defensoras: «Se han utilizado de tipos penales vagos o a la fabricación de delitos por parte de funcionarios públicos o de las propias empresas involucradas en los proyectos». Además, el informe señala también que las violaciones a derechos humanos cometidas contra las personas defensoras y manifestantes, como puede ser el uso ilícito de la fuerza, acostumbran a quedar impunes.
Esta actividad cuenta con el financiamiento de la AVCD y del Gobierno Vasco, además de la colaboración de KCD ONGD
