por Grisela Sánchez, publicado el 14 de abril de 2016 en Disonancias / Desinformémonos.

Supongamos… Sólo supongamos que usted colabora en una radio comunitaria, que desde hace diez o quince años transmite con una cobertura limitada, sin que esto sea un impedimento para hacer uso de su idioma en casi un 90%, puede ser diidxazá, wixárica, ayuujk, ñomdaa, o cualquiera de los múltiples idiomas que existen en este país. Es cierto, tienen problemas económicos y el equipo técnico no basta: grabadoras, micrófonos, computadoras, son insuficientes, ni que decir del equipo humano, no hay paga para los locutores, todo es a manera de tequio, colaboración, solidaridad, aferre o como quiera llamarlo. Pero bueno, usted conoce su derecho a adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación, por ello participa con ganas y con alegría en su radio. Y es que lo comunitario no refiere a transmisores de baja o alta potencia, sino al hecho de representar los intereses de la comunidad, sea ésta una pequeña localidad en el campo o una gran ciudad, de ahí que la barra programática refleje la pertinencia cultural, el micrófono esté abierto para la participación y sobre todo tenga incidencia ante los problemas que aquejan a su localidad. Por todas estas razones, su radio es respaldada por la asamblea ejidal, comunal, barrial o estudiantil.

Supongamos que un caluroso día de julio de 2014 se pública el Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano: mediante este Decreto se reforman, derogan y modifican diversas disposiciones en la materia; se instaura la figura de concesión única, diferenciando sólo el uso, es decir, comercial, público, privado y social, este último es el que abarca las concesiones comunitarias e indígenas: se les asigna sólo el 10% de la banda de radiodifusión sonora y las radios comerciales siguen conservando el monopolio con lo restante.

Como ya es sabido, para que su radio opere dentro de la legalidad tienen que realizar el trámite ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) lidiando con una serie de requerimientos técnicos y administrativos casi imposibles de cumplir, por mencionar algunos: enviar una solicitud de interés al Instituto para que éste “estudie” si existen frecuencias disponibles en la zona, presentarse como si la radio no existiera y plantear que la radio apenas va a empezar a trabajar una vez le den la concesión. Si menciona en su documento los años reales de trabajo, no pasa ni del escritorio de la secretaria en turno. Bueno sí, pasaría al área de denuncias anónimas. Y en el diseño del organigrama le obligarán a adoptar la estructura piramidal contraria a la organización comunal o colectiva de estos procesos de comunicación: elegir a un director de la radio, operadores, locutores, etcétera.

Para variar, en el 2015 el IFETEL somete el anteproyecto de Lineamientos Generales para el Otorgamiento de Concesiones a una “consulta indígena”, en un plazo de abril a mayo y sin respeto alguno por el convenio 169 de la OIT simula tomarlos en cuenta con relación a la toma de decisiones que les atañen: usted, como comunicador comunitario asiste, junto con compañeros de otras radios a reuniones exprés que se llevan a cabo en la Ciudad de México, en Guadalajara o en San Cristóbal de las Casas, manteniendo la esperanza de que ahora sí tomen en cuenta sus propuestas, pero gran sorpresa, es una consulta no vinculante, es decir, que si nos parecen adecuadas sus “opiniones” las tomaremos en cuenta, pero si no, gracias por participar. Después de esta experiencia, supongamos que usted regresa a su pueblo, comunidad o barrio a seguir trabajando en la comunicación comunitaria, alternativa o popular que desde hace más de medio siglo se practica en América Latina, total, durante todo este tiempo han contado con la legitimidad que sus comunidades les confiere.

Por si fuera poco, a principios de 2016, bajo el pretexto de la reducción de presupuesto, la CDI recorta personal de la Comisión y de las Radios Indigenistas en Yucatán, Chiapas y Oaxaca. Por pura coincidencia, los empleados despedidos eran considerados “trabajadores problema”, o sea que peleaban por sus derechos. Usted en sus adentros piensa: y si a estas radios con estructura y figura de medios públicos que durante décadas respondían a la política indigenista estatal les pasa esto, ¿qué les esperaba a las radios comunitarias?. Y un buen día, uno de esos días en que el diablo anda suelto, se encuentra con la respuesta en el Internet: un cartel con la imagen de un micrófono acompañado de grandes letras que dice: “Se busca por robo, transmitir desde una radio sin concesión es un delito”. Pero no sólo eso, dos spots en género dramatizado empiezan a escucharse en los medios oficiales. Usted no tarda mucho en enterarse que cuatro radios de la Mixteca oaxaqueña, que no contaban con concesión han sido cerradas. Bueno, a estas alturas, ya conoce a sus compañeros de las más de 50 radios comunitarias de su estado y sabe de buena fuente que así comunitarias, comunitarias no eran. Es más, dos de esas radios son propiedad de particulares, con filiación priista y su contenido es comercial, pero bueno, ellas se acuerpan en la figura de comunitaria para salir libradas de esto, y a vos que lo que más le interesa es la defensa de la libertad de expresión pues también se indigna y hasta lo postea en su face.

Para colmo de males un día amanece con la noticia que la Suprema Corte de Justicia avaló que los estados, municipios y la Federación sólo asignan un 1% en comunicación social a las radios de uso social, entonces usted se acuerda que en su país gobernado por evasores fiscales, a las radios se les limitan las formas de obtener ingresos con la nula emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad, como una burla; de paso te piden que acredites la capacidad económica para sostener tu proyecto.

Es así que usted trae a su memoria la historia de más de medio siglo en la creación de medios comunitarios, alternativos, populares, educativos, en América Latina y sobre todo recuerda que el documento de Asesores e Invitados del EZLN (1995) de los Acuerdos de San Andrés ya señalaba que “el uso y apropiación de los medios de comunicación por parte de los pueblos indígenas está intrínsecamente vinculado con el proceso de autonomía. Sin los medios de comunicación en manos indígenas es difícil que pueda darse el proceso autonómico; sin la autonomía los medios de comunicación difícilmente serán propios”. Y entonces convocan a una asamblea ejidal, barrial o estudiantil y en consenso deciden la continuidad de su proyecto político comunicacional.

Acuerdan además que la comunidad va a defender la radio ante cualquier amenaza externa, y que su radio es más que necesaria en estos momentos en que el neoliberalismo y su modelo extractivo han diversificado sus formas políticas, judiciales y militares para el despojo territorial de los pueblos indígenas socavando la unidad interna, su sustento socioeconómico y modos de vida, no sólo perjudicando de forma inmediata a ellos, sino derivando en una crisis civilizatoria a nivel planetario. Y entre todos acuerdan que hoy más que nunca es necesario defender a las radios comunitarias, amplificadoras de los gritos de resistencia que surcan las ondas sonoras para nombrar la lucha por la vida, la tierra, el territorio.